Entre otras significativas, durante el primer semestre del año tres cuestiones dominarán su agenda.

La primera se refiere al tratamiento de las asimetrías que afectan, con distintos alcances, al Paraguay y al Uruguay. Se ha constituido un grupo ad-hoc, a nivel de Vice-Ministros, que tuvo su primera reunión en Asunción los días 7 y 8 de febrero. Le corresponde preparar la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros del Mercosur, que se realizará en el mes de abril a fin de tomar decisiones sobre cómo abordar la cuestión. El grupo ad-hoc trabaja dentro de los parámetros fijados en las Decisiones CMC 34/06 y 06/07. Paraguay y Uruguay han avanzado sus propuestas.

En la perspectiva del Uruguay, la cuestión de las asimetrías está vinculada con la posibilidad de desarrollar negociaciones bilaterales con otros países, en particular, con los Estados Unidos, en las que se incluyan preferencias arancelarias. Es una cuestión de alta sensibilidad que, probablemente, cobrará vigencia con la visita del Presidente Bush a Montevideo. El 25 de enero Uruguay firmó un acuerdo marco sobre comercio e inversiones (conocido con la sigla TIFA), que si bien no contiene compromisos de aperturas preferenciales de los respectivos mercados, prevé la posibilidad que se negocie luego un Tratado de Libre Comercio (TLC).

La segunda cuestión se refiere a la incorporación plena de Venezuela al Mercosur – aún falta la aprobación del Protocolo de Adhesión por los Congresos del Brasil y de Paraguay –; a la incorporación de la normativa del Mercosur al ordenamiento jurídico interno venezolano, y a la adaptación de los instrumentos de su política comercial externa al programa de liberación arancelaria y al arancel externo común. Los plazos establecidos para definir los cronogramas de adaptación al arancel externo común y al programa de liberación comercial, no han sido cumplidos por Venezuela. Tales cronogramas deben señalar productos y plazos en que se efectuará la adaptación a esos dos instrumentos claves del Mercosur (según el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, los plazos máximos de adaptación serán siete años para el AEC y cuatro para la libre circulación de bienes).

Finalmente la tercera cuestión esta relacionada con la Rueda Doha en la Organización Mundial del Comercio. Tras meses de paralización, luego de un encuentro ministerial informal a fines de enero en Davoz, se están retomando las negociaciones. Parece haber voluntad política de concluir este año. Pero la cuestión es saber si ella será suficiente como para lograr acuerdos equilibrados en los temas más sensibles vinculados a los subsidios agrícolas y a los accesos a los mercados de productos agrícolas y no agrícolas.

En relación a los países del Mercosur, teniendo en cuenta la existencia del Arancel Externo Común, los cuatro socios deberán adoptar por consenso el nivel de reducciones arancelarias que podrían comprometer en la Rueda Doha. Lo que ha trascendido en la prensa indicaría que los aranceles de productos industriales deberían reducirse, de una media del 29.8% - consolidado – a algo entre 11 y 12.8%. Incluso en la prensa brasileña se ha señalado que el gobierno del Brasil estaría previendo, en consulta con las instituciones empresarias, financiamiento de reconversión para aquellos sectores que pudieran ser más vulnerables, mencionándose entre otros los de las industrias electrónica; automotriz, metalúrgica, textiles y vestimentas.