Como muchas veces en la historia, la tensión entre orden y anarquía está presente en el escenario mundial. Difícil es encontrar momentos en el pasado en que ante el colapso de un orden internacional preexistente, el nuevo no haya sido la resultante de una definición por medio del combate, esto es de la guerra.

Transitar como estamos haciéndolo en la actualidad hacia un nuevo orden internacional que resulte más de la razón que de la fuerza, no es entonces tarea fácil. Encararlo implica lograr articular procesos de decisión que permitan generar acuerdos vinculantes entre múltiples protagonistas, al menos aquellos con suficiente masa crítica de poder, que efectivamente penetren en la realidad.

En tal perspectiva hay que colocar la reciente experiencia de la Cumbre del Cambio Climático de Copenhague. Sus resultados pueden ser apreciados con onda optimista o pesimista, y en ello analistas y protagonistas están divididos. Pero lo concreto es que no se pudo llegar a un acuerdo que sea vinculante. Para ello se requería el consenso de 193 países miembros de las Naciones Unidas, con enormes diferencias de poder relativo, grados de desarrollo, intereses y visiones del mundo. Lo sorprendente sería que tal acuerdo se hubiera logrado. El foro de la OMC también evidencia la dificultad de articular consensos entre sus 153 miembros a fin de concluir la Rueda Doha. Y ello a pesar que el G20 en su Cumbre de Washington a fines de 2008 había manifestado la firme intención de lograrlo.

Encontrar modalidades que permitan lograr acuerdos vinculantes para aportar soluciones colectivas a algunas de las cuestiones más complejas de la agenda internacional es, entonces, uno de los desafíos para la gobernabilidad global. Son aquellas cuestiones que no pueden ser resueltas por la acción de ningún país en forma individual, por grande que éste sea. Ejemplos son la del cambio climático con todas sus implicancias para el futuro de la humanidad, o la de la paz y seguridad internacional, especialmente ante el fenómeno en expansión de modalidades novedosas de miniaturización de hechos bélicos a escala transnacional – un avión en pleno vuelo– y del peligro siempre presente de la privatización de medios de destrucción masiva.

Encarar tal desafío implica, además de tomar conciencia de su gravedad, una fuerte dosis de imaginación y de energía política colectiva. Entre otros, tres frentes de acción son prioritarios.

Uno es el de la efectividad y eficacia de los mecanismos informales de trabajo colectivo entre naciones relevantes, tales como el mencionado G20. Esto es, que sus decisiones penetren en la realidad y logren resultados concretos. Es más fácil lograrlo en el plano de la coordinación de políticas, especialmente las necesarias para encarar la actual crisis financiera global que aún está lejos de haberse solucionado. Es más difícil, en cambio, cuando se trata de generar nuevas reglas de juego que sean exigibles y tengan validez universal.

De ahí la importancia del segundo frente de acción que es el de la revisión de los métodos de trabajo para la producción normativa en grandes organizaciones internacionales como son la ONU y la OMC.

Y el tercero es el de los progresos que son necesarios para la gobernabilidad de espacios geográficos regionales. Son pilares esenciales de la gobernabilidad global. Conectados entre sí, la pueden potenciar. En tal perspectiva debemos colocar las asignaturas pendientes en la arquitectura institucional del espacio sudamericano, incluyendo el Mercosur. La necesaria articulación del Mercosur –que en muchos aspectos incluye a Chile– con la Unión Europea, puede ser visualizada como un paso en la buena dirección de conectar espacios de gobernabilidad regional, en cuyo marco incluso podrían absorberse viejos conflictos pendientes entre países de ambas regiones.