| Es hora de tener metas y de pensar grande en el futuro. Fue ésta 
        una definición del Canciller Celso Amorim sobre el Mercosur tras 
        la reciente Cumbre de San Juan. En una entrevista para el diario Valor 
        Econômico, ilustró su visión mencionando cuestiones 
        relevantes que requieren ser abordadas con prioridad. Ellas son: un cronograma 
        para la eliminación de las excepciones al arancel externo común; 
        un acuerdo de servicios más amplio que otorgue tratamiento nacional 
        a las empresas originarias del bloque, y un acuerdo de compras gubernamentales 
        que permita dar una preferencia real a bienes y servicios originarios 
        del Mercosur. Esta última prioridad sería la más factible de concretar 
        en este semestre en el cual Brasil ejerce la presidencia pro-tempore del 
        bloque. Podría ser uno de los resultados de la Cumbre de diciembre 
        en Foz de Iguazú. En realidad un Protocolo sobre Contrataciones 
        Públicas fue aprobado en Córdoba en el 2006 (Decisión 
        CMC 23/06). La Argentina ya depositó el instrumento de ratificación. 
        No lo han hecho aún los otros socios. Se requiere que lo ratifiquen 
        dos para que en ellos entre en vigencia.  Dos novedades se han producido recientemente al respecto del tratamiento 
        de las compras gubernamentales en el Mercosur. Una ha sido la aprobación 
        en San Juan de la Decisión CMC 23/10. Establece que una propuesta 
        de revisión del protocolo ya aprobado deberá ser presentada 
        a la reunión del Consejo de diciembre próximo. La revisión, 
        a cargo del Grupo de Contrataciones Públicas, deberá centrarse 
        en aquellos aspectos del texto ya aprobado que requieran ser modificados 
        a fin de adaptarlo a las actuales condiciones existentes en cada uno de 
        los países miembros y de asegurar su pronta aplicación. 
        La otra novedad ha sido la aprobación por el gobierno del Brasil, 
        el 19 de julio pasado, de la Medida Provisoria nº 495, por la que 
        se introducen algunas modificaciones a su régimen de compras gubernamentales. 
        Dos son relevantes: una es la que establece la posibilidad de un margen 
        de preferencia de hasta el 25% del precio para productos manufacturados 
        y servicios nacionales que atiendan las normas técnicas brasileras; 
        la otra es la que extiende la preferencia a los bienes y servicios originarios 
        de los países del Mercosur -una vez que entre en vigencia el Protocolo 
        de Córdoba en su versión revisada- y que también 
        podrá extenderse a aquellos países con los cuales el Brasil 
        haya celebrado un acuerdo sobre compras gubernamentales. La importancia 
        del régimen la ilustra, entre otros datos, el valor de las compras 
        del gobierno federal que alcanzó en el año 2009 los 52 mil 
        millones de reales. A ese monto debe sumarse el de las compras de los 
        entes de la Federación que se ajustan a las mismas pautas que las 
        del gobierno federal. Son datos aportados por la Exposición de 
        Motivos de esa Medida Provisoria.  Otro factor que incide en la relevancia de esta cuestión, es el 
        hecho que se está negociando un acuerdo bi-regional del Mercosur 
        con la Unión Europea. La plena vigencia de un régimen de 
        compras gubernamentales del Mercosur, no será un dato menor a tener 
        presente por los negociadores y las empresas europeas. Debe tenerse en 
        cuenta también que empresas de muchos otros países, incluyendo 
        por cierto a los Estados Unidos y a China, registrarán con interés 
        la evolución que pueda o no tener el Mercosur en los próximos 
        meses en relación a su régimen de compras gubernamentales. 
        Asimismo, cabe preguntarse si eventualmente un acuerdo preferencial bilateral 
        podría ser celebrado por un socio del Mercosur con terceros países 
        o bloques, si es que el régimen común no entrara en vigencia. 
        Al menos desde el punto de vista jurídico no parecería haber 
        obstáculos al respecto. |