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Por Félix Peña [1]
A modo de introducción [2]
En un mundo en transición hacia nuevas pautas de gobernanza global,
los países latinoamericanos se interrogan sobre cómo podrán
mejor compartir sus estrategias y acciones, a fin de extraer el máximo
provecho de todo el potencial que la región tiene para lograr,
en función de sus respectivos intereses nacionales, una participación
activa en el comercio, en las inversiones y en las articulaciones productivas
transnacionales. En especial se interrogan sobre cuáles pueden
sus estrategias de negociaciones comerciales internacionales, de manera
tal que ellas permitan, a la vez, aprovechar y potenciar el valor de la
región en el espacio global.
Cómo superar eventuales tendencias a la fragmentación
de la región y cómo lograr la convergencia de sus esfuerzos
de cooperación e integración, a partir del reconocimiento
y de la apreciación de las diversidades existentes, son algunos
de los fuertes desafíos que América Latina y el Caribe confrontan
hacia el futuro. Las opciones sobre cómo hacerlo son muy amplias,
y ello puede contribuir a estrategias flexibles y adaptadas a diversas
realidades y necesidades
En tal perspectiva, aportar algunos elementos para un necesario debate
regional, orientado a profundizar una más eficaz concertación
de esfuerzos en el plano de una acción conjunta constructiva entre
países latinoamericanos, es lo que se aspira a lograr con el presente
artículo.
El mapa institucional de la región.
En algo más de cincuenta años, los países latinoamericanos
han acumulado un significativo acervo de instituciones conjuntas orientadas
a promover distintas modalidades de articulación entre países
de la región, incluyendo las que han tenido como objetivo principal
el avanzar hacia grados profundos de integración económica
con un alcance multidimensional.
Se traduce ello en el mapa institucional que hoy existe. Las principales
instituciones generadas en este amplio período tienen una membrecía
variada.
Algunas son de alcance latinoamericano -tal los casos por ejemplo, de
la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI - (www.aladi.org),
resultante de la transformación de la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio - ALALC -; del Sistema Económico Latinoamericano
- SELA - (www.sela.org)
y, más recientemente, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños - CELAC - (www.celac.org)
-.
Otras tienen un alcance sudamericano, -tal el caso de la Unión
de Naciones Suramericanas - UNASUR - (www.unasursg.org)
-.
Y otras son de alcance subregional -tal los casos del Mercado Común
del Sur - Mercosur - (www.mercosur.int);
del Mercado Común Centroamericano, hoy Secretaría de Integración
Centroamericana -SICA - (www.sica.int/sgsica)
y www.sieca.int); de
la Comunidad Andina de Naciones - CAN- (www.comunidadandina.org),
antes Grupo Andino; de la Comunidad del Caribe - CARICOM - (www.caricom.org);
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -
ALBA (http://alba-tcp.org)
y más recientemente de la Alianza del Pacífico (http://alianzapacifico.net).
A ellas cabe agregar las que tienen funciones específicas, como
por ejemplo, las vinculadas con el financiamiento del desarrollo, tales
como la Corporación Andina de Fomento - Banco Latinoamericano de
Desarrollo Latinoamericano - CAF - (www.caf.com);
el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA
- (www.fonplata.org);
el Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE
- (www.bcie.org), y
el Banco de Desarrollo del Caribe - CARIBANK - (www.caribank.org).
Este mapa institucional desarrollado a través de los años
es, por momentos, variado, complejo y heterogéneo. Abarca acuerdos
institucionales con distintos grado de evolución relativa, de cobertura
geográfica, de relevancia y de eficacia y que, incluso, suelen
presentar una al menos aparente y a veces real, superposición en
sus objetivos, agendas e instrumentos.
Pero cada una de estas instituciones refleja diferentes momentos de la
concreta evolución histórica de la idea de concertar distintas
modalidades de acciones conjuntas entre países de la región.
Además, son parte de la realidad actual, por lo menos en el plano
formal.
Son instituciones que por momentos, sin embargo, parecerían no
estar plenamente utilizadas por los propios países que las han
creado. O al menos esa suele ser la imagen que se disemina a veces en
la opinión pública. En algunos casos, su efectividad y relevancia
relativa suele ser a veces cuestionada.
Intentar un rediseño completo de este mapa institucional no parece
algo recomendable ni realista, al menos como una prioridad actual. Sería
costoso en recursos, en tiempo y en energías políticas.
Los resultados, además, no serían fáciles de anticipar
como positivos. Parece más conveniente, entonces, orientar la acción
de los países de la región hacia el objetivo de lograr un
mayor aprovechamiento de la capacidad institucional existente, sin perjuicio
de las acciones que puedan desarrollarse a través del tiempo para
adaptarlas a nuevas realidades y, eventualmente actualizar sus funciones
y métodos de trabajo.
Las ricas diversidades latinoamericanas.
Tal como está, ese mapa institucional refleja las ricas diversidades
que han caracterizado siempre a la región y que, muy probablemente
la seguirán caracterizando en el futuro. En tal sentido, se ha
dicho quizás con razón que es posible hablar de múltiples
Américas Latinas.
Son diversidades que en mucho resultan de la historia y, sobre todo,
de la propia geografía de la región - caracterizada por
significativas distancias físicas que han dificultado la comunicación
entre los países y, especialmente entre sus principales centros
urbanos -, como así también por marcadas disparidades y
asimetrías de poder relativo y de dimensión económica.
Derivan, asimismo, de los naturales cambios en prioridades y preferencias
que suelen resultar de la propia evolución política y económica
de los distintos países de la región y de las diferentes
subregiones.
Pero en contraste con otras regiones del mundo, no son diversidades que
hayan resultado de fracturas y confrontaciones que a veces en ellas predominan
-en el pasado y también en la actualidad- en las relaciones entre
países vecinos con conflictos difíciles de administrar,
tales como los que reflejan diferencias profundas especialmente en el
plano cultural, étnico o religioso e, incluso en el ideológico.
En tales casos, una resultante de las diversidades puede ser la fragmentación
y ésta puede incluso adquirir connotaciones violentas dando lugar
a conflictos armados. Además de lo que al respecto enseña
la historia larga, es posible ilustrar tal riesgo con lo que ocurre actualmente
en determinadas regiones del mundo.
Ese no es, ni necesariamente ha sido, el caso de América Latina
ni del espacio sudamericano, donde muchas veces los principales conflictos
inter-estatales se han originado en percepciones y en cuestionamientos
relacionados con la definición de los límites territoriales,
hoy en su mayor parte superados o en procesos de superación a través
del diálogo y la acción diplomática.
Las diversidades existentes, sin embargo, si bien pueden ser visualizadas
como factores positivos para estimular la cooperación y el desarrollo
armonioso entre países que pueden complementarse, también
pueden originar -según como se las perciba- dificultades para la
acción conjunta de países que pertenecen a una misma región.
Ocurre ello, por ejemplo, cuando se consideran los posibles esquemas
de cooperación e integración como eventualmente contrapuestos,
por apreciarse que responden por ejemplo, a diferentes concepciones del
desarrollo económico y social de cada país, y a visiones
contrapuestas sobre cómo encarar la inserción en la economía
y en la política mundial.
Este tipo de diferentes planteamientos puede conducir a confrontaciones
de signo predominantemente ideológico y, eventualmente, generar
dificultades en la gobernanza de la región o de una subregión.
Ello es más factible cuando los análisis y los enfoques
no contemplan en todos sus alcances la importancia de la dimensión
política en las relaciones entre los países latinoamericanos.
En cierta medida es lo que han alertado en los últimos tiempos
personalidades como los ex Presidentes Ricardo Lagos y Lula da Silva,
al referirse a las inconveniencias de una visión antagónica
de los procesos de integración a través del Mercosur y de
la Alianza del Pacífico [3].
Un mejor aprovechamiento de las instituciones existentes en la región.
Si se excluye la conveniencia de encarar un rediseño amplio del
mapa institucional de la región, cobra validez entonces la idea
de concertar acciones conjuntas que permitan el mejor aprovechamiento
de las instituciones existentes por parte de los propios países
miembros a través, cuando fuere necesario, de sus adaptaciones
a las nuevas realidades regionales y de los respectivos países.
Implica ello un proceso que probablemente será gradual y que difícilmente
será la resultante de una hoja de ruta predeterminada. Por el contrario
debería reflejar la idea, basada en muchas experiencias, en el
sentido que la construcción voluntaria de espacios de cooperación
e integración entre naciones soberanas demanda mucho tiempo y esfuerzos.
En la práctica -aunque no siempre en la teoría- tal construcción
se suele lograr a través de pasos sucesivos, muchas veces erráticos
y no lineales, y no necesariamente basados en el diseño trazado
en los momentos fundacionales.
En tal perspectiva surge una primera pregunta que cabría formular
y debatir a fin de encarar una estrategia de convergencia en la diversidad
en una región como la latinoamericana.
Tal pregunta se puede plantear en los siguientes términos:
¿No sería conveniente, más allá de las
apreciaciones que se puedan efectuar sobre la calidad y la eficacia
de las instituciones existentes, concertar esfuerzos para su mayor aprovechamiento
posible, en función de los desafíos y necesidades que
en la actualidad y hacia adelante confrontarán los países
de la región especialmente en el plano global e interregional,
y de sus notorias ventajas competitivas originadas, por ejemplo, en
sus recursos naturales (energía, alimentos, minerales, agua potable,
tierras cultivables) y humanos (fuerte creatividad resultante, entre
otros factores, del mestizaje cultural y étnico?
Si la respuesta fuere positiva, al menos tres posibles líneas
de acción parecen al respecto recomendables. Ninguna de ellas requeriría
modificaciones sustanciales en los acuerdos existentes, aunque sí
en la forma en que ellos son desarrollados por sus órganos y por
los respectivos países miembros.
La primera línea de acción conjunta implicaría profundizar
los vasos comunicantes y la coordinación entre los distintos esquemas
institucionales existentes. Es un objetivo que sería facilitado
por una mayor transparencia sobre sus actividades, agendas y costos.
Tal transparencia, si es que hay conciencia y voluntad política
al respecto, hoy es más fácil de obtener a través
de mejoras sustanciales en la calidad de respectivas páginas Web
de las instituciones existentes. A ese efecto, tales páginas deberían
ser concebidas como formas de reflejar los principales datos que permitan
a todos los protagonistas interesados y, en particular a la ciudadanía,
apreciar sus activos, sus actividades, sus aportes concretos a los objetivos
perseguidos y, en particular, a resolver problemas de la gente. Asimismo
ellas deberían estar permanentemente actualizadas. No siempre ocurre
hoy así.
Además, en una época en la que se observa el fenómeno
del empoderamiento de las ciudadanías, están tornándose
más evidente los cuestionamientos sobre los costos de las instituciones
de gobernanza internacional en las que cada país participa, incluyendo
las regionales o subregionales.
Se ha puesto ello en evidencia en los últimos tiempos, por ejemplo,
en las percepciones, decepciones y actitudes de las ciudadanías
europeas con respecto a la eficacia de las instituciones comunitarias,
especialmente tras la crisis financiera exteriorizada a partir del año
2008.
De allí que un aspecto central de una política de transparencia
en la región latinoamericana, debería referirse al presupuesto
y a la estructura de gastos de cada una de sus instituciones y, en especial,
sobre cuánto le cuesta a cada país miembro, ya sea en forma
directa e indirecta. Al respecto convendría prever que, en adelante,
la ciudadanía formulará cada vez más la pregunta
sobre "cuánto me cuesta cada institución concreta en
la que participa mi país y qué aporta al desarrollo de mi
país".
La segunda línea de acción a encarar, en parte como resultante
de la anterior, implicaría la efectiva participación de
las respectivas sociedades civiles, con un empleo más eficaz de
las instituciones parlamentarias en el caso en que ellas existen, como
es el caso del Mercosur. Lo importante es colocar a la ciudadanía
y a sus instituciones representativas como destinatarios principales y
privilegiados de las actividades de cada institución.
Incluso podría contribuir a la imagen de la respectiva institución
el establecer la figura de la defensoría del pueblo (ombudsperson),
a la cual se pueda acudir en forma fácil y directa, a fin de procurar
una mejor atención a los intereses legítimos de las respectivas
ciudadanías [4]. Existen varios precedentes al respecto en diferentes
organizaciones internacionales, tanto en el plano multilateral como en
el regional.
Y la tercera y más importante línea de acción, implicaría
el que cada país coloque al conjunto de instituciones a las que
pertenece -y a las que contribuye a financiar- en la óptica de
su respectiva estrategia nacional de inserción tanto en el escenario
global, como en el regional y en el subregional.
Ello implicaría responder en forma dinámica a la pregunta
de para qué sirve cada institución y espacio de concertación
regional, en función de los respectivos intereses nacionales en
un mundo que se puede caracterizar como multiplex -utilizando el imaginativo
concepto empleado por el profesor Amitav Acharya [5] - y en constante
proceso de cambio.
Un mundo así denominado se caracteriza por brindar múltiples
opciones de inserción internacional para cada uno de los países
protagonistas -grandes o pequeños, desarrollados o emergentes-
a condición que ellos tengan una idea clara de qué es lo
necesitan y qué es lo pueden obtener de los demás, es decir,
que tengan su propia estrategia de vinculación dinámica
con el mundo y con su respectiva región.
Tal estrategia tenderá a ser más eficaz y sostenible en
la medida que esté basada en diagnósticos actualizados de
lo que cada país necesita y puede obtener de su entorno externo,
y que su elaboración sea la resultante de una amplia participación
social y de todos los sectores involucrados. Y también en la medida
que en la elaboración de tal estrategia los protagonistas que participan
tengan, además, fluida comunicación con sus contrapartes
en los países de la región con los que se aspira cooperar
en su desarrollo.
Convergencia en la diversidad.
La idea de convergencia en la diversidad [6] es una idea que ha estado
presente desde el comienzo del proceso contemporáneo de desarrollo
de instituciones orientadas al trabajo conjunto entre países de
la región. Se manifiesta así en los instrumentos jurídicos
de esquemas existentes, tal por ejemplo, el caso de la ALADI y, en especial,
de su mecanismo de acuerdos de alcance parcial.
Es una idea que ha adquirido mayor actualidad en los últimos tiempos
en función de las iniciativas tendientes a articular los esfuerzos
de los países del Mercosur y los de la Alianza del Pacífico
[7].
Ella conduce entonces a formular una segunda pregunta relevante, en particular
teniendo en cuenta lo antes señalado sobre las diversidades existentes
dentro de la región, que por sus alcances no necesariamente conducen
a la fragmentación y a la confrontación.
Tal pregunta se refiere a:
¿Qué debe entenderse por convergencia entre las múltiples
modalidades existentes de acuerdos de acción conjunta entre países
o grupos de países de la región?
Para responder tal pregunta, convendría tener presente que por
convergencia no necesariamente se está planteando la idea de lograr
que de múltiples partes y líneas de acción, surja
un nuevo todo único y armónico.
En el sentido más concreto del uso de la expresión en el
Tratado de Montevideo de 1980 [8] que creó la ALADI, la idea es
que en lo que tenga un alcance sólo parcial -esto es, que sean
compromisos limitados a sólo algunos de los países miembros
- se prevea su extensión hasta abarcar a todos los demás
países miembros interesados. Es en el contexto de las disposiciones
del Tratado que puede considerarse que tal idea es más la señalización
de un objetivo que la prescripción de cómo y en qué
plazos lograrlo.
En el plano estratégico en el que la expresión se utiliza
en la actualidad [9], es factible entender que se trata de encarar un
conjunto de acciones autónomas que, sin embargo, están orientadas
al logro de objetivos que procuren ser compatibles entre sí. Es
más la idea de señalizar la dirección de líneas
de acción estratégica lo que puede considerarse que refleja,
en este caso, el concepto de convergencia. Se inserta en la idea, ante
mencionada, en el sentido que la construcción de un espacio regional
de cooperación e integración lleva tiempo y resulta de una
sucesión de pasos, incluso aparentemente inconexos, y no de un
solo acto fundacional y del diseño que en él se incluya.
Si ello pudiere entenderse así, surge entonces la tercera pregunta
que cabría formular y debatir a fin de encarar el logro del objetivo
antes mencionado de una estrategia de convergencia en la diversidad en
una región como la latinoamericana.
Ella es quizás la más relevante y práctica.
Tal pregunta puede ser formulada en los siguientes términos:
¿Cuáles pueden ser, tomando en cuenta el actual mapa
institucional de la región y el alcance mencionado de la idea
de convergencia, los principales campos de acciones a desarrollar y
de pasos a dar, a fin de procurar potenciar las diversidades regionales
como un activo a la hora de intentar aprovechar desafíos y oportunidades
que surgen tanto en el plano global, como en el regional y el interno
de cada uno de los países?
Un supuesto para abordar la respuesta a esta pregunta sería el
diagnóstico sobre las riquezas de opciones que resultan precisamente
de las diversidades de recursos y de situaciones, de ideas y de valores,
de experiencias y motivaciones, que se observan en América Latina
en su conjunto [10].
Es ese un diagnóstico que en el mundo actual requiere de una constante
actualización. Deberá contemplar, entre otros factores,
los potenciales efectos sobre los países de la región de
la futura evolución del sistema multilateral del comercio internacional,
a la luz de lo que finalmente ocurra con la Rueda Doha y con los resultados
obtenidos formalmente, pero aún muy inciertos en sus efectos concretos,
en la Conferencia Ministerial de la OMC en Balí, en diciembre 2013.
Pero también deberá contemplar lo que resulte de las actuales
negociaciones orientadas a concretar nuevos mega-acuerdos preferenciales
inter-regionales y regionales - tales como el Trans-Pacific Partnership
(TPP), el Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), y el
Regional Comprehensive Economic Partnership (RECEP) -, si es que ellas
pueden concluirse en los plazos imaginados o al menos en plazos razonables.
En ninguno de esos casos pueden plantearse aún escenarios ciertos,
ni sobre sus membrecías, sus contenidos o plazos para su conclusión.
En cierta forma, reflejan características de un sistema internacional
en transición hacia una nueva etapa aún imprecisa.
Algunos campos prioritarios de acción conjunta futura.
Una forma recomendable de abordar la acción conjunta futura entre
países de la región sería privilegiar por lo menos
tres campos que, siendo relevantes, permitirían señalizar,
por efecto de demostración, caminos y metodologías a emplear
en relación a otros también importantes. Sin embargo la
agenda puede ser mucho más amplia, tal como lo han señalado
recientemente, entre otros, Sergio Bitar y Luis Maira [11], como también
Alejandro Foxley [12].
Al respecto, tanto la UNASUR como la CELAC pueden cumplir, junto con
otras instituciones regionales y subregionales conforme sean sus competencias,
un papel relevante en la formulación de los campos de acción
conjunta que se estimen prioritarios y luego en el impulso de su desarrollo.
Se sugiere comenzar en lo más inmediato por estos tres campos
prioritarios de acción conjunta entre países interesados
y abiertos a que otros países, de la región o de cada subregión,
se sumen posteriormente según fueren sus intereses y posibilidades:
- Desarrollo de redes regionales de análisis prospectivo y
de inteligencia competitiva.
Su objetivo sería facilitar el acceso a diagnósticos
actualizados sobre aquellas tendencias y hechos portadores de futuro
que más incidencia puedan tener en las estrategias de inserción
de países de la región en la competencia económica
y en la gobernanza global, como también en las de articulación
en el plano regional y en las de desarrollo en el plano nacional.
A tal efecto parece recomendable impulsar acciones sistémicas
orientadas a facilitar la conexión de los esfuerzos nacionales
actualmente existentes en algunos países de la región
- no se observa ello en todos -, tanto en materia de análisis
prospectivos como de inteligencia competitiva [13].
El articular los esfuerzos existentes en el marco de redes multinacionales
conjuntas, que aspiren a incorporar otras instituciones que puedan
desarrollarse en el futuro en países de la región, significaría
un notorio progreso en la capacidad de entender lo que está
ocurriendo en la competencia económica global y sobre sus eventuales
incidencias en las estrategias nacionales y regionales de inserción
internacional. A ello debe sumarse lo que ya existe en la materia
en instituciones regionales, especialmente en el ámbito de
la CEPAL y también, en algunos aspectos, del SELA.
- Desarrollo de redes regionales de producción y de cadenas
de abastecimientos.
Su objetivo sería facilitar la articulación productiva
entre empresas de países de la región y el mejor aprovechamiento
de la creciente demanda de bienes y de servicios diferenciados, originada
en consumidores urbanos de ingreso económico de clase media,
sea en la propia región o en países emergentes de otras
regiones, especialmente en Asia, África y Medio Oriente.
Pueden ser articulaciones productivas que se desarrollen en torno
a proyectos concretos, incluso por algunos países que participen
en distintos esquemas subregionales de integración, como pueden
ser eventualmente los casos de acuerdos entre algunos países
que son miembros del Mercosur y otros que participan de la Alianza
del Pacífico.
La ALADI brinda al respecto instrumentos sumamente valiosos en la
actualidad, a fin de impulsar y de formalizar acuerdos sectoriales
de articulación productiva entre sus países miembros,
sin que sea necesario que abarquen a todos, al menos en un primer
momento. Son instrumentos que reconocen precedentes en la ALALC, especialmente
en la figura de los acuerdos de complementación por sectores
industriales [14].
Es importante señalar que tales acuerdos pueden ser impulsados
en forma compatible con la normativa actualmente vigente en la OMC,
especialmente por efecto de la aplicación de la Cláusula
de Habilitación del GATT.
Otros elementos importantes en función de una estrategia de
articulación productiva a nivel sectorial, son los que se refieren
a los regímenes de origen, normas técnicas y otros marcos
regulatorios. También ellos pueden ser abordados dentro del
marco institucional y normativo de la ALADI.
Quizás lo antes señalado constituye uno de los mejores
ejemplos de cómo los países de la región pueden,
si así lo necesitan en función de sus respectivas estrategias
nacionales, sacar un mayor provecho de las instituciones actualmente
existentes, sin siquiera tener que modificar sus instrumentos jurídicos
fundacionales.
- Desarrollo de redes de innovación y creatividad.
Su objetivo sería estimular que se compartan esfuerzos nacionales
orientados a potenciar capacidades existentes en sectores que son
claves para estrategias eficaces de inserción internacional
y de desarrollo económico y social de cada país. No
parece que sea necesario que en tales redes se espere que tengan interés
en participar activamente todos los países de la región
o de algunas de sus subregiones.
Pero los tres campos de acción sugeridos, requerirán por
lo demás, un esfuerzo sostenido y eficaz para mejorar sustancialmente
la conectividad entre los distintos espacios nacionales, lo que implicará
encarar más inversiones significativas para el desarrollo de la
infraestructura física e impulsar, en lo necesario, medidas de
facilitación del comercio recíproco.
Son, por lo demás, campos de acción que permiten utilizar
criterios flexibles de geometrías variables y de múltiples
velocidades [15], a fin de posibilitar la activa participación
de los países más interesados, pero abiertos a la participación
posterior de cualquiera de los demás países.
Como ha señalado la CEPAL [16], no existe al respecto ningún
modelo pre-establecido sobre cómo llevar adelante el trabajo conjunto,
en función de beneficios mutuos, entre países que comparten
un mismo espacio geográfico regional o subregional.
Bien interpretadas, las reglas jurídicas internacionales multilaterales
(GATT-OMC), suelen brindar mucho espacio a la creatividad con respecto
a los mecanismos de acción conjunta que utilicen países
miembros en el ámbito de sus respectivas regiones, especialmente
si son países en desarrollo. Lo importante es no interpretarlas
sólo con criterios dogmáticos originados en planteamientos
teóricos, sean ellos económicos o jurídicos. Requiere,
eso sí, que quienes las interpreten conozcan a fondo las reglas
y sus matices y, sobre todo, sus orígenes en los respectivos momentos
fundacionales. Ello permitiría evitar los costos económicos
y políticos de recurrir eventualmente al empleo de acuerdos, reglas
y mecanismos, que puedan ser fácilmente considerados como que vulneran
los compromisos internacionales asumidos por los países que los
impulsan.
Los métodos a emplear -a veces especie de "trajes a medida"-
resultarán de la concertación en el ámbito regional
o subregional, de intereses nacionales bien definidos por cada uno de
los respectivos países, y de lo que enseñan sus propias
experiencias previas, como también de otros países y regiones.
Por cierto que en su definición se deberán tomar en cuenta
los compromisos ya asumidos y las reglas de juego pactadas - interpretadas
correctamente y con sentido práctico - en acuerdos internacionales
en los que los países miembros participan, tales en particular,
como las del sistema comercial multilateral institucionalizado en la OMC.
Un papel más relevante en la construcción de un espacio
regional de integración y cooperación regional - en el sentido
de acciones concertadas entre un grupo de países que conduzcan
a una mayor conectividad y articulación en todos los planos, pero
en particular en el económico, y sin que ellas impliquen que ninguno
de los respectivos países pierda su identidad e individualidad
como nación soberana - puede ser desempeñado por los países
de mayor dimensión y poder relativos. Brasil, México y Argentina
parecerían, en tal sentido, los que estarían más
en condiciones de impulsar, incluso en su propio plano interno, medidas
que contribuyan a una efectiva articulación productiva en la región,
por ejemplo, garantizando en determinadas condiciones bien definidas,
el acceso sin restricciones a sus respectivos mercados nacionales, de
bienes que se intercambien en el ámbito de cadenas de valor de
alcance regional.
Sin embargo, ello no impide que otros países, incluso de menor
dimensión económica relativa, puedan avanzar articulando
sus capacidades productivas en función de sus respectivos intereses,
en particular sin son geográficamente contiguos y tienen estrategias
globales o regionales bien definidas. En su momento lo puso en evidencia
el Grupo Andino y, por cierto, el Benelux en Europa.
En todo caso, resulta evidente que no existen condiciones en la región
latinoamericana, para que un país pueda aspirar a desempeñar
el papel de Prusia en la construcción del Zollverein alemán
que, por lo demás, demandó varias décadas para su
pleno desarrollo.
En el mapa institucional regional actual, instituciones como la CELAC,
la UNASUR y la ALADI, cada una en el marco de sus competencias, pueden
cumplir un papel central colaborando en la definición, concreción
e impulso de esos campos de acción prioritarios, y en su actualización
permanente.
Todo ello, sin perjuicio del papel relevante que también puedan
desempeñar otras instituciones existentes en la región,
como son la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe de las Naciones Unidas - CEPAL - (www.cepal.org);
la CAF-Banco de Desarrollo latinoamericano y, eventualmente, el Banco
del Sur cuando finalmente su funcionamiento sea efectivo.
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